“MOU-TE” SE QUITA LA CARETA

Una enorme decepción ha embargado mi ánimo al leer el comunicado de la referida asociación ciudadana a la que uno está adscrito. Teníamos el convencimiento de que Mou-te per Taragona era una plataforma o asociación ciudadana sin adscripción política que nació con el único objetivo de la defensa de los intereses de nuestra ciudad.

Ahora parece que las cosas han cambiado y esta asociación también asume los intereses del Mout-te per Castaluya. En efecto, su comunicado así lo refleja “Mou-te per Tarragona, associació ciutadana per a la defensa dels interessos de Tarragona, no pot restar impassible davant el mensyteniment que l'Estat espanyol ha mostrat envers el poble de Catalunya, del qual els tarragonins formem part. El que el poble va votar en referèndum no pot ser modificat per tribunals ni per interessos partidistas”.

Queda claro que esta asociación ciudadana en defensa de los intereses de Tarragona, se ha puesto al servicio de intereses políticos que nada tienen que ver con los problemas y reivindicaciones que afectan particularmente a nuestra ciudad.
Una vez más se hace patente el proceso de sutil politización colectiva que contamina cualquier movimiento o iniciativa espontáneo de la sociedad civil, coartada en cuanto a medios para proyectar una respuesta firme a lo que son los verdaderos intereses de los ciudadanos de Tarragona.

El juego semántico “Som una nació, nosaltres decidim” ningunea una sentencia emitida por el órgano supremo de justicia y en ese sentido no podemos aceptar que desde las Instituciones catalanas y desde la alineación de Mou-te per Tarragona con manifestaciones como “El que el poble va votar en referèndum no pot ser modificat per tribunals ni per interessos partidistas” inste al desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Se puede estar o no de acuerdo, discrepar o disentir del fallo, pero las reglas del juego democrático de las que nos hemos dotado, imponen acatar las sentencias que los tribunales fallan agotando los recursos posibles. En un estado de derecho, los tribunales deben garantizan la legitimidad de los decretos leyes o acuerdos parlamentarios. Nunca un referéndum puede estar por encima de la sentencia del órgano que legitima en este caso un Estatuto. Los gobiernos institucionales no solo están obligados a acatar las sentencias sino también a aplicarlas con el rigor que la justicia impone. Solo el papanatismo de los ingenuos es capaz de secundar iniciativas institucionales contrarias al estado de derecho.

A menudo la conciencia colectiva ahoga la razón moral individual, así el poder político establecido tiende a la sistematización instrumental de sus intereses con algunas constantes como “la identidad, el hecho diferencial, los derechos históricos o la nacionalidad” como cortinas de humo ante los verdaderos problemas sangrantes de una sociedad que se debate entre el paro y la escasez de empleo y con un con un horizonte desolador.
Duele mucho reconocer que esta sociedad civil se merece la clase política que hoy medra por las instituciones.

Luís Alvarez de Vilallonga

Tarragona, 13-07-2010