No se inquieten, no se trata de aquellos cursillos de Cristiandad que se celebraban en Creixell allá por finales de los años 50, ni del color, el sentido o el número de franjas de las banderas que debían ondear en los edificios oficiales y que en su día fue motivo de disputa. En esta ocasión, los polémicos colores (verde, azul o calabaza) que delimitan los espacios de aparcamiento en nuestras vías públicas son los culpables de la disputa entre la ciudadanía y la administración. La aparición en determinadas aéreas urbanas las coloridas franjas, nunca había levantado tanto revuelo entre vecindarios, seguramente ello obedece a la aplicación del plan de movilidad, que nuestro dinero ha costado, diseñado por los sesudos técnicos municipales.
Al margen de los razonamientos que puedan esgrimir las personas o colectivos afectados que disienten de la decisión municipal, es tan lícito ejercer tanto la reprobación razonada como la réplica por parte de la administración argumentando medidas, cuanto menos cuestionables, pero siempre desde el respeto evitando el insulto o la descalificación. Desafortunadamente los términos en los que se ha desarrollado la polémica no han sido los más edificantes.
El ciudadano es proclive a la crítica por las intervenciones de su consistorio, sobre todo si desprenden cierto olor recaudatorio sobre asuntos que afectan directamente a su bolsillo en el devenir diario, y con mayor motivo en los tiempos que corren de estrechez económica con una fuerte presión fiscal, recortes e impuestos que nos tienen ahogados. Pero la maquinaria de las administraciones no entienden de sensibilidades y todo queda supeditado a la necesidad recaudatoria.
Uno se pregunta cómo acabará este asunto. Mucho me temo que lo hecho, hecho está, y la marcha atrás se me antoja imposible o en todo caso improbable, por dos razones. Una, que atender las reivindicaciones de un determinado colectivo, supondría un agravio comparativo con otras zonas de la ciudad donde se ha señalizado zona verde y, entiendo, debiera aplicarse el principio de todos o ninguno. Y dos, que justamente quienes con más determinación han mostrado su protesta y disconformidad son vecinos de una zona que, si bien no pude considerarse como residencial, si goza de un status elevado.
Aún suscribiendo el contenido del artículo ‘Rebelión contra el parquímetro’ del subdirector de este Diari de Tarragona Álex Saldaña, publicado en el epígrafe ‘Desde el Balcó’ el pasado domingo, y tras este episodio puntual, uno se plantea, como propietario de vehículo particular, el imperativo de tener que asumir todos los gravámenes añadidos por uso y disfrute de este elemento motriz que hemos hecho imprescindible en nuestras vidas.
Al impuesto por el derecho a circulación, que ya nadie discute, se añadirá en un futuro pago por el de acceso a ciudades o a determinadas zonas, veremos los estacionamientos o aparcamientos privatizados, el precio de los carburantes desbordados, el mantenimiento y el seguro del vehículo en constante incremento, las revisiones e inspecciones obligatorias en creciente periodicidad, peajes abusivos o estrictas limitaciones de velocidad con desproporcionadas sanciones, y a todo ello añadir que se hará imprescindible disponer de una plaza de aparcamiento en propiedad o arrendada. Con este panorama nos cuestionamos si el ciudadano medio tendrá la capacidad económica de soportarlo. Si así fuera, el tema que hoy nos ocupa nos parecería trivial.
En todo caso la polémica está servida, pero al final el ciudadano calla y paga, por más que en esta ocasión el callar haya estallado en la prensa y en la calle.
Luis Álvarez de Vilallonga
