Hay asuntos que en política resultan incómodos, comprometidos y difícilmente abordables. Uno de ellos son las lenguas autóctonas, lenguas españolas distintas a la común del país, (quiero decir del Estado, no fuera que se me vayan a ofender algunos nacionalistas), ya sé que Cataluña es un país y también lo son las llamadas comunidades históricas y hasta merodea por la alacena de mi cerebro aquella proclama de Rodríguez Z. “La Nación española es un concepto discutido y discutible”, todo un batiburrillo de conceptos semánticos para poner en solfa o cuestionar lo evidente. Pero volvamos al asunto.
Partiendo de la base de que al castellano se le llama español, precisamente por ser la lengua común en todo el territorio además de atesorar un trascendente rango internacional, y sin desmerecer ni cuestionar las lenguas autóctonas de otras comunidades en las que sus oriundos y habitantes se desenvuelven en mayor o menor porcentaje y cuya tutela debe preservarse por ser un bagaje cultural e identitario y una opción legítima, conviene señalar que nunca una lengua debe imponerse en detrimento de otra y, ahí estriba la libertad de poder elegir libremente la opción que ofrece un bilingüismo real e innegable existente en nuestra comunidad. Hoy día, nadie medianamente sensato cuestionaría que el catalán, el euskera o el gallego puedan desarrollarse libremente en la escuela, en las instituciones o en el ámbito social, pero sí se cuestiona desde las administraciones autonómicas el derecho constitucional de todos los españoles a ser escolarizados en la lengua común de España. Estamos de acuerdo en potenciar cuanto se quiera nuestra lengua identitaria, pero nunca discriminando la común. Los próceres nacionalistas están cayendo en la misma política franquista pero a la inversa cuando se discrimina desde la administración autonómica una lengua oficial tan legítima como la propia.
Los argumentos de un sector nacionalista de que nuestra lengua pudiera llegar quedar reducida a algo testimonial es una fantasía. En efecto, si durante la dictadura, cuando no se permitía la enseñanza del catalán y que por otras razones la burguesía catalana, y muy especialmente la barcelonesa optó por utilizar el castellano en la vida social, no se logró que nuestra lengua sufriese ningún cataclismo, hoy la lengua catalana es asumida como algo natural y su inmersión desde la Generalitat garantiza su uso y correcto aprendizaje. Otra cosa muy distinta es el carácter competitivo que se ha querido establecer entre las dos lenguas oficiales utilizando argumentos procelosos que señalan al castellano como culpable de entorpecer la mayor utilización del catalán. De la misma forma que no solo es bueno si no deseable la integración de nuestra lengua en la población inmigrante, también es lógico que la forma de expresión elegida por alguien en un determinado momento frente a un determinado interlocutor, sea la que cada cual considere oportuna y libremente.
En otro sentido, no cabe duda que la lengua, siendo el vehículo genuino de comunicación, en ocasiones se presenta como una frontera insalvable para ciertos estamentos y posturas radicales, es cuando se anatematiza su uso abrasando al músculo de la oratoria. En la vida social no existe ningún conflicto de lenguas, solo en las esferas políticas e institucionales se empeñan en airear un problema que, para los nacionalistas en el fondo radica en asumir que Cataluña tiene un idioma oficial en una nación sin Estado y otro idioma, igualmente oficial, de un Estado al que pertenecen.
Episodios surrealistas como el acontecido en el Parlamento Catalán observando al conseller de salud Boi Ruiz pidiendo perdón a la cámara por habérsele escapado una frase en castellano en contestación a una pregunta del diputado de Ciudatans Jordi Cañas: “El Gobierno de Cataluña no, y además no tiene la competencia” “Perdó”, nos da una idea hasta que punto se instrumentaliza la lengua políticamente.
El problema del nacionalismo en realidad no es la lengua sino el poder. En todo caso hoy para ser aceptado en la cultura oficial catalana, no basta con hablar, escribir o preocuparse por nuestra lengua, además hay que ser nacionalista. Ciertamente nuestra Constitución, en cuanto a la lengua castellana, la salvaguarda plenamente blindada, en el sentido de que ninguna ley puede impedir su uso en la administración pública en todo el Estado, pero de hecho, no deja de ser papel mojado por más que el texto se sustente en el articulado de nuestra Carta Magna.
Luis Álvarez de Vilallonga
Tarragona, 30 de noviembre de 2011
