LEYES, DERECHOS, LIBERTAD POLÍTICA Y DEMOCRACIA

A estas alturas de mi vida, creía que pocas cosas me iban a sorprender, sin embargo la ignorancia, petulancia y cinismo de algunos  de nuestros políticos y ciertos analistas serviles, han incentivado mi capacidad de asombro.

Sostener que la Ley no puede estar por encima de la democracia denota una simplificación y desconocimiento de lo que significa democracia y su puesta en práctica. En el caso de Cataluña está claro que provocado el conflicto político, se faculta al pueblo la legitimidad para resolver democráticamente votando lo que políticamente convenga.

Leyendo a Platón o Cicerón convenimos que la gobernabilidad de la ciudadanía debe fundamentarse en la aprobación democrática de Leyes que regulen principios y procedimientos que garanticen el propio funcionamiento democrático de una sociedad.  Es la propia democracia la que fija el marco legal de soberanía popular donde no caben otras normas que las legales, es así que el Estado también está sometido a las propias leyes establecidas por la propia democracia. El derecho a la protesta, la huelga o la defensa jurídica, en una democracia avanzada, debe prevalecer, siempre que no conculque derechos ajenos.

En nuestra democracia existe una propensión, particularmente de la izquierda, a   sobredimensionar el término derecho, especialmente cuando se trata de un concepto tan maleable en términos políticos. En realidad cualquier derecho político, en democracia, debe estar amparado por el ordenamiento jurídico y los derechos fundamentales.

El principio de legalidad nunca puede estar condicionado por la tan pretendida legitimidad democrática y en ese sentido es el Imperio de la Ley el que substancia la propia democracia.    

Estamos viviendo unos momentos políticos inciertos, contradicciones que nos dejan atónitos, negociaciones imposibles bajo mostrador, perdida de formas y modales, mercadeos, subastas,   engaños y mentiras que están dejando el parlamente a la altura del betún, pero por lo visto esto es lo que toca ahora. Uno se niega a aceptar que la política del siglo XXI sea así. A mi edad uno puede permitirse afirmar que las políticas vividas durante la transición eran más edificantes en sus formas y contenidos. Leyendo al prestigioso historiador John H. Elliot, conocedor riguroso de la historia de España, ni por asomo se me ocurriría poner en cuestión cualquiera de sus afirmaciones, salvo su apreciación de que España no es diferente; sí España es diferente, para bien y para mal.

Es cierto que en nuestra democracia queda pendiente una auténtica separación de poderes, y no se vislumbra que la actual generación de políticos esté por la labor.

Finalmente, la libertad, dentro del marco político, hoy se nos antoja un barniz hipócrita que envuelve el discurso del gobierno de turno. No cabe duda que existe una brecha entre una libertad controlada coercitivamente por el Estado y la libertad que ejerce la propia sociedad civil con sus mecanismos de control al amparo de la Ley, otra cuestión pendiente en nuestra democracia.

Conjugar leyes, derechos y libertades parece una tarea utópica, pero si la tolerancia es una virtud, la firmeza y determinación confieren autoridad a quien la ejerce.

Tarragona, 5 de Diciembre de 2019

Luis Álvarez de Vilallonga