En estos últimos tiempos el
proceder de los tribunales como abstracción de lo que es o debiera ser justo,
ha ratificado nuestro escepticismo sobre la justicia y su aplicación.
En efecto, el fallo del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara la inmunidad del condenado
Oriol Junqueras tras haber sido elegido diputado, ha puesto en tela de juicio a
las altas instancias o cortes de justicia; por otra parte queda pendiente la
inhabilitación de Quim Torra del recurso al Supremo sobre el fallo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña que lo condena a dieciocho meses de
inhabilitación por desobediencia. 
Tampoco se nos escapa el
alcance de la inmunidad de Junqueras dictada por el tribunal de Luxemburgo que
afecta a Puigdemont y Comín que, en efecto, han podido acreditar su calidad de
diputados en el Parlamento Europeo.
La fiscalía del Estado tendrá
algo que decir en todo este afer jurídico y preservar la soberanía de las
sentencias producidas por los altos tribunales del Estado, sin menoscabo de
acatar en su medida el fallo del TJUE.
Otra cosa es que la politización de los
Tribunales de Justicia pudiera considerar la anulación de las sentencias
dictadas en su día, la apelación al Tribunal Europeo de Derecho Humanos o dudar
de la solvencia de nuestros tribunales y conceder absoluta credibilidad los
tribunales de otros países de la U.E. Ya tenemos suficiente experiencia en las
decisiones de la corte de Estrasburgo y es hora de que la fiscalía ponga veto a
determinadas decisiones de la U.E. sin duda contaminadas por Bélgica contra
nuestra soberanía jurisdiccional.
El caso Pujol, ha venido
indignar al ciudadano de a pie que, no entiende de los vericuetos de la
justicia, y en este sentido el trato a Pujol, será todo lo legal que se quiera,
pero de justo no tiene nada (la prescripción de delitos es un tema digno de
estudio).
Conciliar y concretar lo justo con lo legal es una tarea pendiente
que tienen tribunales de justicia y legisladores, adaptándose a la sociedad del
siglo XXI. En el código penal no pueden permanecer condenas atendiendo a la
jurisprudencia de siglos pasados. Urgen reformas que se adapten a los tiempos
que vivimos y que un mismo delito no pueda juzgarse basándose en distintas
doctrinas, con la gravedad que en justicia supone agravios comparativos.
Mientras no exista una plena, objetiva y real separación del poder judicial del
político, la credibilidad de la justicia estará en entredicho. Los políticos
deben permanecer al margen de cualquier nombramiento en el estamento judicial y
especialmente de los altos tribunales.
Una Unión Europea creíble,
necesita de un consenso sólido de la justicia en los tribunales de cada
territorio, aunque para ello los países miembros hayan de ceder soberanía
jurídica. 
A pesar de que todavía estamos
muy lejos de alcanzar una unión jurídica así como una unión fiscal, el espectro
de una U.E. fallida, a estas alturas, no figura en su hoja de ruta, y se
deberán aunar esfuerzos para avanzar en la consolidación de una Europa fuerte
constituida en un territorio integral que pueda asumir los retos futuros frente
a un mundo globalizado.
Luis Álvarez de Vilallonga
Tarragona, 24 de Diciembre de 2019
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